Brazil. Syrian refugee rebuilds life in Brazil ©UNHCR/ Érico Hiller
Información general
Entidades que comparten las buenas prácticas: Defensoria Pública da União (DPU)
Socios: Defensoria Pública da União (DPU) and ACNUR Brazil
Buena práctica
Según la legislación brasileña, la Defensoría Pública de la Unión (DPU) es la institución creada para, entre otras responsabilidades, promover la más amplia defensa de los derechos fundamentales de las personas necesitadas, cubriendo sus derechos individuales, colectivos, sociales, económicos, culturales y ambientales, siendo admisible todo tipo de actuaciones capaces de brindar su adecuada y efectiva tutela. El papel de la DPU de representación de refugiados y solicitantes de asilo se deriva de este precepto.
La DPU actúa en la asistencia y representación legal de solicitantes de asilo, refugiados y migrantes vulnerables en todo Brasil. La DPU trabaja asimismo en litigio estratégico y realiza acciones de incidencia. Conforme la legislación migratoria, la DPU es anoticiada de todos los casos de expulsión o deportación, a fin de brindar asesoría y representación legal a las personas migrantes y refugiadas. A su vez, lleva adelante la representación jurídica y el análisis de protección de niños, niñas y adolescentes separados, no acompañados o indocumentados en la frontera, para facilitar la entrada en Brasil y la obtención de documentación.
Actividades
La actividad de la DPU se resume en:
- Asistencia jurídica integral y gratuita
En el marco del procedimiento de determinación de la condición de persona refugiada, el Defensor Público participa en la realización de defensas escritas u orales en el momento de la resolución por el CONARE. Asiste a los solicitantes también en las instancias de apelación.
La DPU actúa también en casos penales (extranjeros que han cometido delitos federales) y situaciones de expulsión. En los casos en que se identifican necesidades de protección internacional, la DPU ayuda a las personas a acceder a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado, incluidas las apelaciones, presentando los hechos de su solicitud o presentando la solicitud de asilo a las autoridades.
- Promoción de derechos de refugiados y migrantes
La asistencia que brinda la DPU no se restringe a la defensa de los intereses individuales de refugiados y migrantes en el ámbito del procedimiento de RSD administrativo y judicial. El Grupo de Trabajo Migraciones y Refugio de la DPU, integrado por defensores públicos federales de todas las regiones del país, ha buscado articularse para identificar y superar problemas relacionados con el acceso a la educación, la salud y prestaciones asistenciales.
El Grupo de Trabajo también desarrolla actividades para informar a la población refugiada sobre sus derechos. Se podría denegar el acceso a la justicia a quienes desconozcan sus derechos o no puedan luchar por ellos en un país extranjero. Lo desconocido es la primera barrera a derribar para posibilitar el acceso a la justicia y al sistema judicial.
- Rol como observador en CONARE
La DPU participa como observadora en el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE). La participación de la DPU en las reuniones del CONARE, al igual que la de la sociedad civil, significa una amplia representación de los solicitantes de asilo en el procedimiento administrativo. La participación de la DPU ocurre en dos momentos diferenciados:
- a) la reunión previa con el cuerpo técnico de los integrantes del órgano, en la que se analizan los informes elaborados por los oficiales de elegibilidad, y
- b) en la reunión del CONARE en sí, con sus miembros efectivos, donde aquellos casos analizados en la reunión anterior son discutidos nuevamente y decididos.
La participación de la DPU, como miembro observador con derecho de voz es muy importante, ya que la organización tiene legitimidad en amplia representación y en materia de derecho federal, aun sin poder notarial, pudiendo así representar a cualquier solicitante de asilo, garantizando la equidad del proceso.
- Litigio estratégico
Dada la competencia legal de DPU para representar colectivos, la institución ha sido responsable de un gran número de acciones colectivas principalmente a favor de los intereses de los solicitantes de asilo. En ocasiones, estas acciones supusieron el inicio de procedimientos legales para cuestionar decisiones de las autoridades de asilo (como, por ejemplo, la decisión adoptada durante la pandemia de prohibir la solicitud de reconocimiento de la condición de persona refugiada a quien cruce la frontera irregularmente) o de otras autoridades (como el acceso a servicios de salud pública, alojamiento y acceso al sistema bancario de personas indocumentadas).
- Representación legal en procedimientos administrativos y judiciales de expulsión
Con la nueva Ley de Migración de 2017, se amplió el rol de la DPU. La nueva ley estableció la necesidad de comunicación a la DPU en todos los casos de expulsión o deportación para garantizar los derechos de las personas que requieran protección internacional. Asimismo, en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos (Sao Paulo) se creó un grupo de trabajo con el apoyo de la Policía Federal, fiscales federales, defensores públicos, ACNUR, agencias del gobierno federal y municipal, y miembros de la sociedad civil, para evitar posibles casos de devolución de solicitantes de asilo. En este caso, cuando existen extranjeros inadmisibles que manifiestan la necesidad de protección internacional, se activa el programa de la DPU para orientar al individuo y evitar su regreso.
- Trabajo en Roraima (acompañando la Operación Acogida)
La DPU acompaña el trabajo de la Operación Acogida con defensores públicos en los puestos fronterizos en Roraima.
- Niños y niñas no acompañados o separados
La DPU emitió la Resolución conjunta Nº 1 del 9 de agosto de 2017 con el Consejo Nacional de Derechos del niño y el Adolescente (CONANDA), el CONARE y Consejo Nacional de Inmigración (CNIG). La Resolución, establece los procedimientos de identificación preliminar, atención y protección para los niños, niñas y adolescentes separados o no acompañados, y le otorga el papel a la DPU como curadora administrativa para fines migratorios de niños, niñas y adolescentes separados y no acompañados, posibilitando el registro y expedición de documentación para menores de 18 años, especialmente en puntos de entrada.
- Capacitación de funcionarios públicos
La DPU forma parte del proyecto llamado “Atuação em Rede: Capacitação dos Atores Envolvidos no Acolhimento, na Integração e na Interiorização de Refugiados e Migrantes no Brasil”, que busca capacitar a los actores involucrados en el establecimiento de políticas locales para la recepción, el refugio y la integración de las personas refugiadas y migrantes. Este proyecto incentiva la capacitación a los miembros de los comités anfitriones y grupos de trabajo de empleabilidad establecidos en los municipios que participan en los programas de interiorización, gerentes y personal de albergues, funcionarios públicos y organizaciones de sociedad civil involucradas en el alojamiento, refugio e integración de migrantes y refugiados.
- Otras iniciativas de promoción
-Participación en las discusiones de la Ley de Migración (2017) y presentación de aportes;
-Recomendación a la CONARE y al CNIg sobre la adopción y ampliación de resoluciones normativas sobre el otorgamiento de permanencia por razones humanitarias en determinados casos.
-En 2012, la DPU y ACNUR firmaron por primera vez un acuerdo de cooperación, y en abril de 2019 firmaron un memorando de entendimiento, renovado en abril de 2022 vía addendum por un período adicional de tres años con el objetivo de posibilitar la formación y actuación conjunta . El acuerdo tiene por objeto contribuir a la realización de los derechos de los solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y otras personas que requieran protección internacional, asegurándoles el acceso a la justicia y una amplia defensa.
Impacto de la buena práctica
La labor de la DPU ha ayudado a mejorar el sistema de asilo en su conjunto haciéndolo más justo y accesible para los solicitantes de asilo.
Impacto de la pandemia COVID-19
A pesar de la pandemia y de la disminución de las visitas presenciales, el informe de algunos defensores es que el cambio al sistema a distancia, con asistencia inicial y programación por teléfono móvil, aumentó el número de visitas y las demandas en 2020. En particular, hubo una gran demanda de judicialización de los casos relativos a la posibilidad de solicitar asistencia de emergencia de los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes asistidos por la DPU.
Lecciones aprendidas
La especialización de los defensores públicos a través de la creación de un grupo de trabajo sobre temas de refugiados y migración en 2014 impulsó el trabajo de la institución en el tema y fue esencial para permitir actividades estratégicas. El papel constitucional de la DPU, junto con su amplia presencia en el país y su capacidad para establecer redes con la sociedad civil, son factores que contribuyen a las buenas prácticas llevadas a cabo por la institución.
Además, una mayor cooperación con los organismos internacionales y otras redes de cooperación regional, con la posible colaboración financiera y técnica del ACNUR, y la creación de capacidades con otros funcionarios públicos ayudarán a mantener esta capacidad y a ampliar el tema del derecho de los refugiados.
El trabajo de las redes locales de protección, compuestas por miembros de la sociedad civil, también se considera esencial para la buena marcha del trabajo de la DPU. Además, la participación de los órganos de defensa del Estado es fundamental para garantizar derechos básicos, como la labor de identificación y sustento de la documentación de niños, niñas y adolescentes separados, no acompañados e indocumentados de Venezuela en Brasil.
Recent Comments